Por: Mauricio Méndez Campos
Lo recuerdo muy bien. En febrero de 2017 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe anual sobre 2015 mostró irregularidades presupuestales por decenas de miles de millones de pesos. Indignante. ¿Qué pasó? Ningún detenido, sancionado o encarcelado. No pasó de ruido mediático de una o dos semanas y se olvidó el asunto. El tipo de abusos que provocaron la derrota de ese régimen en 2018.
Por las pasiones y los ánimos, la cancelación del "Nuevo aeropuerto internacional de México" (NAIM) me pareció entonces una decisión completamente equivocada. En febrero, en su informe anual sobre 2019, la ASF provocó un escándalo por el asunto del costo de la cancelación de dicho proyecto. Lo que desvió la atención sobre las observaciones en el resto de irregularidades que encontró la institución en los organismos gubernamentales. Por ello decidí escribir esta entrada, ¿cuánto se ha erogado hasta la fecha por los proyectos aeroportuarios de Texcoco y Santa Lucía? No entraré en la clasificación de costos, gastos, intereses, penalizaciones, etcétera. Todos ellos por su naturaleza: egresos.
En este blog recurro a documentos de la mencionada ASF, del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y un reporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Obviamente hay multitud de informes, textos periodísticos, opiniones profesionales institucionales y de la industria, pero considero que recurrir a ellas extendería innecesariamente esta lectura.
***
Razones de la cancelación esgrimidas por la SCT
El 26 de abril de 2019, el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, se presentó en la conferencia presidencial matutina para leer las razones 'técnicas' de la recién tomada decisión de cancelar el dicho proyecto (aquí la versión escrita). A continuación, las exposiciones que considero más relevantes:
*No estar incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
*La licitación y adjudicación del 'Edificio Terminal' por $85 mil millones de pesos carecía de proyecto ejecutivo.
*Aumento de la superficie que se utilizaría para construcción, pasó de 472,000 m2 en 2014 a 792,000 m2 en 2018.
*Incremento de costos, por la depreciación del peso frente al dólar. Para la primera fase del proyecto, en 2014 se estimaban $169 mil millones de pesos, para 2018 ya eran $305 mil millones.
*Atrasos. En 2014 se esperaba que la primera fase se concluyera en octubre de 2018 para iniciar operaciones en 2020. En 2018 la fecha de conclusión ahora se movía hasta 2020.
*La gerencia del proyecto a cargo Parsons International Limited señaló el 22 de abril de 2016 que el costo de la primera fase se elevaría por $3 mil millones de dólares y que comenzaría a operar en septiembre de 2024.
*Aún con los imprevistos y aumento de costos, la autoridad a cargo no actualizó el análisis costo-beneficio que mandata la Unidad de Inversiones de Hacienda.
*Después de la inversión de entre 13 y 16 mil millones de dólares, se requerirían todavía al menos 9.4 mil millones de dólares (de acuerdo a los documentos de Fibra E).
*Dado que los ingresos de la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA) y que pagan los pasajeros, servían para pago de intereses de los bonos emitidos, dicho cobro subió 58% para vuelos nacionales y 143% para internacionales.
*Irregularidades en el otorgamiento de contratos. De 692 convenios de obra hasta el 27 de diciembre de 2018, 523 de ellos fueron asignados directamente, 90 con invitación y 79 por licitación. Para el día que se presentó este documento, 578 ya estaban cancelados.
*Los tenedores de Fibra-E tenían derecho a voto en el GACM (de hecho, eran instrumentos de cuasi capital). Este era uno de los 'candados' para asegurar el proyecto.
*Se establece un costo de cancelación de 100 mil millones de pesos (la célebre cifra cacareada por el titular del poder ejecutivo). De estos, 60 mil millones ya fueron erogados. Argumentan que terminar el proyecto para su primera fase se llevaría al menos otros 400 mil millones.
Observaciones a esta exposición del gobierno.
El lenguaje no siempre es técnico y está lleno de sentencias políticas. Nunca mencionaron los potenciales beneficios de la obra tanto en conectividad aérea ni económicos. La única opinión externa de la industria fue la de Parsons, omitieron todas las que apoyaban la continuidad del proyecto. Personalmente, no incluyo en estas líneas las razones ecológicas, pues el mismo gobierno que se valió de ellas, ahora destruye manglar y selva virgen en otras obras civiles.
En cuanto a la cifra '100 mil millones', es redonda y fácil de recordar. Típico de propaganda. Es cierto, la mayoría de los contratos fueron asignados directamente, pero tramposamente no señalan el importe monetario de estos. De los fragmentos que me parecen anecdóticos, en una sección dice: "Por otra parte, la puesta en operación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco implicaba el cierre de Santa Lucía y del Aeropuerto Benito Juárez en el mismo instante en que se inaugurara, ya que el uso simultáneo de las pistas de ambas terminales no es viable". Los que argumentan esto, ahora van por el funcionamiento sincrónico de dichos aeropuertos (¡!).
En este enlace se encuentran las licitaciones del GACM. Se puede ubicar fácilmente a Parsons y al resto de contratos. Los archivos son enormes y un oficio específico como el que menciona el gobierno es difícil de encontrar. Por otra parte, encuentro satisfactorio que el gobierno federal anterior le lego al actual vasta información sobre el proyecto, y mejor, que esta sea pública.
***
Acontecimientos.
Para la mayoría de la información que presentaré a continuación consulté el documento "Memoria de la fiscalización del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su proceso de cancelación (2014 - 2019)", de la ASF.
El primer intento de construir un aeropuerto en Texcoco proviene al menos desde el gobierno de Vicente Fox, pero todos sabemos en qué acabó. Según la ASF, entre febrero de 2012 y abril de 2013, comenzaron los preparativos para la obra. En 2014, la SCT impulsa el cambio en los estatutos del GACM para que esta obtuviera la concesión en todas las actividades relacionadas con dicho proyecto.
En mayo de 2015 aparece la cifra mágica del costo de la primera fase (de cuatro) en el "Plan Integral de Financiamiento", los dichosos 13 mil millones de dólares a un tipo de cambio de $13 mxn x usd. Por multiplicación, tenemos un costo de 169 mil millones de pesos. Considero muy irresponsable la proyección de esta paridad. Para el 29 de mayo de ese año la cotización estaba en $15.37 mxn x usd. La ASF argumenta que fue a precios de 2014, pero sigue siendo una mala consideración, el intercambio monetario cerró ese año en $14.74 y promedió $13.31 en los doce meses.
En ese mismo documento se consideraba que de estos 169 mil millones, 98 mil millones provinieran de recursos públicos y el resto de financiamiento privado. En 2016 y 2017 hubo dos emisiones internacionales de bonos que sumaron 6 mil millones de dólares. Para 2018, el costo estimado de la fase uno aumentó a 195 mil millones. En marzo de ese año, GACM emite certificados bursátiles 'Fibra E' (CBFE). Que eran títulos de cuasi capital.
A continuación, describiré las fuentes de financiamiento, la línea de crédito, los bonos, la Fibra E y recursos presupuestarios, así como su esquema de fondeo. Al final, un cuadro resumen con todos los ingresos y egresos a la fecha y los futuros egresos de los pagos cupón de los bonos aún en circulación.
¿Cómo funcionaba el esquema de bonos y líneas de crédito?
Trataré de explicar de la forma más sencilla el mecanismo. AICM y GACM ceden los ingresos por la TUA al fideicomiso privado 80460 (el primero por el Aeropuerto Benito Juárez y el segundo por los potenciales flujos que recibiría ya operando el NAIM). Teniendo estos ingresos, los administradores de este fideicomiso contratan líneas de crédito y emiten bonos. En los mercados, es conocido como "Mexcat".
Ahora, los administradores del fideicomiso 80460 abren uno nuevo, también privado, el 2172 en el que depositan los recursos obtenidos de la TUA. Posteriormente, estos administradores ceden los recursos levantados en la emisión de bonos al AICM y al GACM. Después, estas entregaron los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Hacienda presupuesta el dinero a la SCT... que a su vez lo vuelve a transferir al GACM.
GACM crea un nuevo fideicomiso, esta vez público, el 80726. Este "paga los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción" de la obra. En el resto del blog, cuando me refiero a ingresos, son los propios de este fideicomiso. Hay que señalar que NAFIN es fiduciario de los tres fondos. Y un día clave, el 29 de octubre de 2014: en aquella fecha, se crean el 80726 y el 2172; además, GACM cedió los derechos de la TUA.
El financiamiento a través de fideicomisos está en la ley, de hecho en el 'Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas', el artículo 11 trata este asunto. De todas formas, considero demasiado complicado el mecanismo. ¿No era más sencillo que GACM con las atribuciones que se le concedieron, emitir por su propia cuenta la deuda?
Características de los bonos
La información de la emisión se encuentra en este portal del GACM. Las características globales de los títulos son las siguientes (cantidades en dólares):
Cuadro 1
Debo señalar que la segunda emisión de mil millones de dólares en 2017 mejoró tanto la tasa cupón como la TIR. Con esta información se pueden construir tablas desde la perspectiva del inversionista como las que presento a continuación, una para cada serie. En la sección verde, "Original", en la primera columna tenemos el orden de cada flujo. En la siguiente, cada uno de estos en dólares. El momento cero es negativo, pues el inversionista desembolsa recursos. Al final de esa columna, con estos movimientos se puede calcular la TIR. Esta no está incluida en los documentos de GACM, pero contamos con el precio ofrecido como porcentaje, con el que podemos obtener implícitamente esta tasa. ¿Cómo comprobar que esta tasa es correcta? Descontando cada flujo a valor presente con esa tasa, al sumar todos obtenemos el precio ofrecido (tercera columna).
Después, multiplicamos cada flujo por el número de bonos de esa serie (cuarta columna). La que sigue son las fechas de pago. En la sexta, la paridad peso-dólar para obtener el equivalente de dicho pago en pesos mexicanos (séptima). A diferencia de la ASF, para las fechas pasadas usé las cotizaciones precisas de los días en los que correspondió pagar cupón.
Los cupones son semestrales y entre la fecha de emisión y el primer pago no transcurren seis meses exactos. Esta discrepancia por 'intereses devengados' es señalado por la ASF, por lo que en el primer flujo de la octava columna (sección azul) el cupón es ligeramente mayor a los demás y solo en este primer periodo. Las cotizaciones presentadas por la Auditoría (ergo, usadas por los funcionarios a cargo de los pagos) son promedios, por lo que en pesos, la décima columna difiere de la séptima. No así la undécima, que obviando el asunto de los intereses devengados, es igual a la cuarta.
Finalmente, en diciembre de 2018 el gobierno negoció la compra de parte de los bonos, 300 millones de las series de mil millones y 900 de la de 3,000, sumando 1,800 millones. Los pagos se mantienen, pero al ser menos bonos, los desembolsos obviamente son más pequeños, como se ve en la duodécima columna. Para obtener los equivalentes en pesos, para los pagos cupón de 2019 uso las cotizaciones promedio señaladas por la ASF. En las de 2020, la paridad del día en el que se hacía el pago. Finalmente, para los flujos futuros no use promedios, ni modelos estadísticos de predicción (de la familia ARCH, por ejemplo). Simplemente la cotización del 2 de abril de este año, mientras escribo este texto, de 20.2950 pesos por dólar. De todas formas, cual sea la paridad tomada, en dólares los flujos son constantes.
*Se ocultaron filas de las tablas para ahorrar espacio, pero no se alteran las sumas finales. Click en la imagen para agrandar.
Cuadros 2-5
Fuente: elaboración propia con información de GACM.
Finalmente, un cuadro resumen de todo lo anterior:
Cuadro 6
Fuente: elaboración propia
Es desconcertante el monto de intereses. Era necesario que el proyecto fuese un éxito para poder hacer frente a estas obligaciones, que superaban el 100% del capital. Después de las negociaciones, el total a pagar sufre una disminución. Si consideramos los intereses ya pagados, el ahorro en este rubro fue de casi cuatro mil millones de dólares.
La fila "Total recibido" del escenario original para pesos mexicanos fue obtenida con la paridad del día en que fueron emitidos los bonos (19.5250 y 17.7493). Del resto de filas, solo "Intereses ya enterados" tiene equivalente en pesos, pues se encuentran en el pasado, tenemos certeza de cuánto costaron.
Aún quedan alrededor de 8,643 millones de dólares entre intereses y capital, con la respectiva paridad que tenga con nuestra moneda a través del tiempo. Obviamente este monto disminuiría si el gobierno adquiere más de estos papeles. Si, puede que el costo de cancelar el proyecto del aeropuerto no haya sido por 331 mil millones de pesos, la polémica cifra de febrero. Pero las obligaciones que quedan casi duplican los famosos '100 mil millones de pesos' que tanto proclama el gobierno. Déjeme insistir en algo, estimado lector: esos bonos siguen en circulación, aquí no hay "otros datos", al menos no en dólares.
Líneas de crédito
A principios del proyecto, el fideicomiso 80460 contrató una línea de crédito simple por mil millones de dólares con Banobras, de la cual, usó 700 millones en 2014 y 300 el siguiente año. La ASF señala que del primera emisión de bonos, mil millones fueron usados para liquidar el principal del crédito. Hacia 2017, se pagaron 60.3 millones de dólares en intereses. La institución usó un tipo de cambio promedio de 17.4551 pesos por dólar para establecer este costo en 1,076.5 millones de pesos.
¿Y la Fibra E?
En diciembre de 2017 GACM resolvió emitir Certificados Bursátiles 'Fibra E', conocidos en medios simplemente como Fibra E, o dentro de este documento de la ASF como CBFE. La oferta se concretó el 6 de marzo del siguiente año. Estos títulos fueron de cuasi capital. ¿En qué consistían? GACM suscribió un nuevo fondo, el 2930, denominado "Fideicomiso Irrevocable Emisor de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura CIB/2930". Este, a su vez, emitió los referidos CBFE.
Con los recursos 'levantados' compró acciones en GACM. Los tenedores de CFBE iban a tener derecho a dividendos a partir de 2021 sobre las utilidades de operación del AICM. Los recursos pagados por el 2930, GACM los depositó al 80726. Al menos por la forma en la que la ASF describe la operación, parecen más bien CPO's. El entero de los títulos era por 30 mil millones de pesos, de los cuales, 755.3 millones fueron destinados a gastos de operación.
***
A continuación, sumaré todos los ingresos y egresos (como dije al principio de la entrada, no están clasificadas) informados por la ASF desde 2013. También sumaré los recursos destinados hasta el momento a la ampliación y adecuación del Aeropuerto Felipe Ángeles (Santa Lucía). Al final, el objetivo era tener un aeropuerto nuevo, ¿no?
En el siguiente cuadro, las filas amarillas representan todos los ingresos, tanto públicos como privados. De color verde, las erogaciones del fideicomiso 80726 para el proyecto. En rojo, los egresos relacionados con la línea de crédito. Los pagos a cupón de los bonos emitidos en 2016 y 2017 en azul. De estas, las cuatro de 2020 y la de 2021 son calculadas al tipo de cambio en la fecha de pago. Las anteriores, en el tipo de cambio promedio mostrado por la ASF.
Con café, las salidas por cancelación: liquidación de la Fibra E y la recompra de 1.8 mil millones de dólares en bonos. La fila verde de 2019 bien se puede considerar también café, pues fueron egresos para liquidar contratos. En blanco, otros egresos que no pude agrupar con los demás. Finalmente, las tres filas moradas son los egresos para Santa Lucía.
*En la columna "Cálculo emisión" presento el resultado que obtuve con el tipo de cambio los días de emisión. La suma no difiere mucho de la ASF, alrededor de 2 mil millones.
Cuadro 7
Fuente: elaboración propia con información de la ASF.
Las cifras mágicas
En resumen, con los datos de la Auditoría, tenemos que en el sexenio pasado para el proyecto, el fideicomiso 80726 levantó al menos $187,946,200,000 pesos, a su vez, se erogaron $91,764,556,250. En el actual gobierno, los costos de cancelación del proyecto ascienden a $124,254,400,000 pesos. Sumando las salidas de recursos para Santa Lucía (suponiendo que la cifra estimada para 2021 es constante) y los pagos realizados de los intereses de los bonos en 2019 y 2020, el número anterior se eleva a $174,021,282,575 pesos. Entre 2014 y enero 2021 (nuevamente, suponiendo que el presupuesto 2021 para Santa Lucía es constante) hay (habrá) erogaciones por al menos $265,785,838,825 pesos. Esta última supera en $77,839,638,825 a los ingresos.
Finalmente, si no hay más recompras de bonos y con un tipo de cambio peso-dólar al 2 de abril de este año, aún quedan obligaciones por $175,423,637,813 de pesos u $8,643,687,500 de dólares exactos. Para poner en perspectiva la cantidad, equivale a casi 40 aviones presidenciales (218.7 millones cada uno), como el que tanto tratan de vender.
Hay dos rubros de la ASF que no incluí, uno, de los gastos operativos que incluye pago a intereses, que ya están en las filas azules y otro, pagos a bonistas en diciembre de 2019 al que no les encontré explicación. Pueden tratarse de intereses devengados. Atención, si esos pagos son anuales y se acordaron con los tenedores, el monto pendiente de 8.6 mil millones de dólares puede ser mayor.
Por cierto, fue complicado buscar los recursos destinados al aeropuerto que planea el actual gobierno. Para 2019, no hay información en la Cuenta Pública (aún no se publica la de 2020) y en el Presupuesto de Egresos de la Federación (de 2019, 2020 y 2021) publicado en el DOF no hay referencias al proyecto. En plena búsqueda me entero que [la Secretaría encargada] ha reservado tramos de información. Y que, ni ante las órdenes del INAI, la han presentado. El último reporte de la ASF tampoco contiene información relevante. Así que acudí a los documentos "Criterios Generales de Política Económica", de dónde extraje la información para esos renglones.
La búsqueda de todas formas fue infructuosa, en el documento de 2019, "Modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad" señala 18 mil millones de pesos, pero no dice nada más. La cuestión empeora en 2020, ¡no hay datos! Para el año en curso, al menos se señalaron específicamente 21 mil millones de pesos. Una decepción de quienes prometieron 'no ser corruptos' y ser más 'transparentes'.
¿Qué hizo el actual gobierno con el dinero sobrante del 80726? Bueno, según ellos mismos sería usado para financiar la construcción de su nuevo aeropuerto. Mientras, a la directiva de GACM se le ocurrió entregar parte de los inventarios de acero y todo tipo de utensilios a [la Secretaría encargada] para ser usados en Santa Lucía por un valor de $2,069,800,000 pesos. Como no todo se ha podido reutilizar, parte del acero se ha sometido a licitación. No logré encontrar a cuánto ascienden los recursos obtenidos por la venta de este material. Imagínese, si fue difícil encontrar los recursos destinados a Santa Lucía...
***
Obviamente, todo esto puede contrastar con los "otros datos" del titular del poder ejecutivo y de Hacienda. Pero en caso de ser errónea la información aquí presentada (que es una reproducción simplificada y explicada de la ASF y de GACM), se requiere de un comunicado robusto, no simples dichos desde el púlpito mañanero. Sobre todo debatir qué naturaleza tienen los pagos pendientes de los bonos.
Como mencioné al principio, desde que se tomó la decisión de cancelar el proyecto me pareció una pésima idea. Por todo lo anterior, sostengo la postura. Cada quién puede tener su perspectiva. Pero, reflexionemos. En un país ávido de inversión y un gobierno con escasos recursos, ¿cómo se puede juzgar esta elección? Con todo ese dinero gastado los años que han pasado y seguimos sin nuevo aeropuerto. Cualesquiera partido o ideología política que estén en el poder, siguen teniendo escasos recursos y los siguen gastando mal.
***
En la entrada 'Un desastre' di cuenta de las malogradas cifras de Pemex. Contribuyendo a esa discusión, ahora imagínese: los egresos por estos proyectos , por muy grandes que nos parezcan, ¡no equivalen siquiera a un año de pérdidas de la petrolera! Así de mal está esa empresa.
***
*Anexo un archivo .xlsx para cualquiera que quiera revisar los cálculos de los bonos.
